Entre el 27 de febrero y el 6 de marzo de 1989, el Ejército y la policía usaron unas 4 millones de balas para reprimir al pueblo, que empobrecido y hambriento salió a las calles para reclamar sus derechos. A esta masacre se le conoce como El Caracazo.
Así describió el comandante Hugo Chávez lo que vio aquel 27 de febrero de 1989, un día que quedó en la historia de Venezuela, el día en que el pueblo de uno de los países más ricos del mundo, la quinta reserva mundial de petróleo, se levantó contra un sistema que lo había sumido en la pobreza y la desesperanza.
Para los venezolanos "El Caracazo" o “El Sacudón” fue el día en que el pueblo "bajó de los cerros", como se le conoce a los barrios más humildes de la capital. El 27 y 28 de febrero de 1989 se desató una ola de saqueos en el país, principalmente de supermercados, carnicerías, negocios de artículos electrónicos y línea blanca. No podemos olvidar que hablamos de una Venezuela cuyo 62 por ciento de la población estaba sumida en la pobreza.
El Guarenazo, el inicio*
Los días 27 y 28 de febrero tuvo lugar en las ciudades más importantes de Venezuela un estallido social espontáneo y sin precedentes tras una serie de medidas económicas neoliberales aplicadas por el presidente Carlos Andrés Pérez y recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque siempre se habla de “El Caracazo”, en realidad las protestas iniciaron en Guarenas, estado Miranda, ubicada a unos 15 kilómetros al este de la capital Caracas. Pero éstas se extendieron a las principales ciudades del país.
El aumento del pasaje de transporte público fue la chispa que disparó la revuelta popular, pues los transportistas pretendían subir los precios un 50 por ciento, pese a que sólo estaba permitido un incremento no mayor al 30 por ciento, lo que ya de por sí era un golpe fuerte para el bolsillo del venezolano. Además, se eliminaba el beneficio del medio pasaje estudiantil.
Otro factor que desató la revuelta popular fue el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Por ello, luego de la reacción inicial contra los transportistas, la acción se amplió hacia los supermercados y pequeños abastos, en cuyos depósitos los venezolanos encontraron muchos de los productos que se encontraban en escasez, como leche, azúcar, café, harina, aceite, sardinas, entre otros.
Fue así como el lunes 27 de febrero los guareneros iniciaron una protesta ciudadana.
“No teníamos previsto, en ningún momento, ningún tipo de saqueo, sólo queríamos hacer una propuesta para que los mismos conductores tomaran conciencia y cobraran el aumento del pasaje que había sido aprobado por el Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre (Setra), que era de 30 por ciento pero ellos querían cobrar 50 por ciento”, relata Eleazar Juárez, quien era secretario general de la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio Plaza (Federeplaz), organismo que lideró las protestas de ese día.
Hasta las 02H00 (hora local) de aquel día, Juárez y miembros de Federeplaz, que agrupaba a unas 68 comunidades organizadas, estuvieron imprimiendo volantes que apoyaban la protesta contra la estrategia de los transportistas. Ese día salieron muy temprano para tomar la terminal de autobuses de Guarenas y hacerse escuchar.
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Sin embargo, según su relato, los dos principales partidos del país Acción Democrática (AD, en el poder en ese momento) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) enviaron a grupos de personas que les impidieron el paso hacia la sede del Consejo Municipal. “Respondían a los intereses de los partidos”, indica Juárez.
“Ahí vinieron los grupo de AD, procedentes de Guatire y Petare, y quisieron romper aquello (la protesta), pero la Federación defendía su posición y tenía su pueblo al lado”, relata.
Luego, el presidente del Consejo Municipal le ordenó a la Policía Metropolitana disolver aquella protesta, de unas cuatro mil personas, a lo que el oficial encargado le dijo que no era posible porque “había más de 4 mil personas, y entonces él respondió: ‘Usted cumpla las órdenes y después reclame’. Entonces, el oficial sacó su 9 mm y disparó al aire”, recuerda Juárez.
Cuando el grupo llegó a la sede del Consejo Municipal, a pleno mediodía de ese lunes, ya habían comenzado los saqueos. De acuerdo a la versión de Eleazar Juárez, fueron algunos militares quienes iniciaron los saqueos. “Mientras ocurría lo de Valle Verde venían de Higuerote unas camionetas de la Guardia Nacional. Como todo estaba trancado (cerrado) buscaron una salida”.
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Cuando el contingente armado iba pasando cerca de un matadero, detuvieron su vehículo, lo llenaron de carne y le dijeron a la gente “Si quieren ahora, lleven para su casa … y empezaron los saqueos en Guarenas. ”, describe Eleazar Juárez.
(*): Los datos de la entrevista fueron tomados del especial publicado en el 2012 por el Correo del Orinoco.
El Caracazo
En horas de la mañana del 27 de febrero de 1989, la revuelta popular -iniciada en Guarenas- había llegado a la capital venezolana. Ya en la tarde en toda Caracas los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.
Durante la noche iniciaron los saqueos a todo tipo de comercios, como supermercados, abastos, licorerías, carnicerías, líneas blancas, mueblerías, de computación, agencias bancarias, entre otros. Éstos fueron protagonizados por hombres, mujeres, ancianos y niños, así como algunos grupos violentos.
Las fuerzas militares y policiales ya estaban desplegadas en la capital, pero la represión no había iniciado y se limitaban a acciones preventivas. Sin embargo, ese 27 de febrero se generó la primera víctima. Se trató de Yulimar Reyes, estudiante de Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), quien fue asesinada en los pasillos de Parque Central (centro de Caracas), por un policía que le disparó perdigones en la cara y el cuello.
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El 28 de febrero, el Gobierno de Carlos Andrés Pérez reaccionó ante los saqueos con el plan “Ávila”, mediante el cual ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército acabar con la revuelta y permitiéndoles el uso de armas de fuego. Como consecuencia, se emprendió una brutal represión contra la población.
Asimismo, el presidente Pérez decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con el que suspendió las garantías constitucionales. De esta manera, el derecho a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del hogar doméstico, el libre tránsito, la libertad de expresión, las reuniones en público y el derecho a manifestar pacíficamente fueron suspendidos durante 10 días. Esta medida arreció la represión.
El Ejecutivo envió cuatro mil soldados con tanquetas a las calles de Caracas para “restablecer” el orden. De acuerdo a testigos, los primeros grupos de militares se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que las personas continuaran bajando y se unieran a los saqueos. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero después empezaron a asesinar gente.
Aún cuando ya habían cesado los saqueos, los militares continuaron dispararando indiscriminadamente contra las casas y los habitantes de las zonas más populares de Caracas. Además, las patrullas del Ejército comenzaron a allanar casas en los barrios, supuestamente en busca de la mercadería, y a arrestar a los sospechosos.
Testigos relatan que durante esos fatídicos 27 y 28 de febrero, Caracas se llenó del eco de disparos de rifles y ametralladoras y cuando finalmente cesó el tiroteo la morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a la cantidad de heridos. De acuerdo a las cifras oficiales los hechos de finales de febrero y principios de marzo de 1989 dejaron unos 300 muertos y más de mil heridos, pero reportes extraoficiales señalan que hubo unas dos mil personas fallecidas, miles de heridos e innumerables desaparecidos. También se registraron enormes pérdidas económicas y materiales.
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El 7 de marzo, el presidente Pérez ordenó la suspensión del toque de queda, pero exigió al Congreso mantener el estado de emergencia y se restituyeron algunas garantías.
La masacre
En el Cementerio General del Sur, al oeste de Caracas, hay un sector conocido como “La Peste”, porque durante “El Caracazo” allí eran llevados y amontonados por días los cuerpos de los civiles asesinados en los barrios. Luego eran enterrados en fosas comunes. En “La Peste” recientemente las autoridades encontraron una fosa común con 70 cuerpos no identificados. No estaban incluidos en la lista oficial del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Justicia
En 1998, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre, ordenó al Estado venezolano indemnizar solamente a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social. Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos días de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006 a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.
El 27 de febrero de 2013, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) juramentó una comisión para investigar la actuación de policías y militares en 1989, que según cifras oficiales dejó 276 muertos, pero que algunos calculan que los desaparecidos pueden llegar a los dos mil. Ese mismo año la Fiscalía acusó a Virgilio Ávila Vivas (Gobernador del Distrito Capital en 1989) por su responsabilidad en la masacre. En noviembre de 2014 inició el juicio en su contra.
